Sin transparencia no hay democracia

Urge sancionar una ley de acceso a la información pública; su falta debilita las instituciones, provoca apatía social y resiente el diálogo de quienes piensan distinto

MARTES 08 DE MARZO DE 2016
Un estudioso de los medios y del derecho como el mexicano Jorge Abdó Francis advierte que para comprender cabalmente el desafío de este cambio "es necesario reconocer que una sociedad con corrupción generalizada y carente de procesos transparentes no puede aumentar su nivel económico ni la participación ciudadana en el desarrollo de un país". La supervisión y el seguimiento constituyen partes centrales de cualquier futura ley de acceso a la información pública por la sencilla razón de que son los que determinan si ésta tendrá un impacto real en la gestión y marcha de los gobiernos. Sin supervisión y seguimiento está condenada de antemano a convertirse en letra muerta, dado que las inercias en la burocracia caminan en contra de la apertura y la transparencia.

El hecho de que la Argentina no haya podido aprobar todavía una ley de acceso a la información pública, situación en la que comparte un triste podio junto con Bolivia y Venezuela, nos dice mucho acerca de una de las graves falencias que tiene que corregir nuestra democracia. El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior de la Nación, Adrián Pérez, que asumió la responsabilidad de consensuar el apoyo de los más amplios sectores de la sociedad con el fin de terminar con esta suerte de oscurantismo estatal, afirmó en las páginas de LA NACION que es incomprensible que un derecho tan elemental como necesario en pleno siglo XXI siga siendo una asignatura pendiente tras 32 años de continuidad democrática. Recordó, además, que nadie, no importa su orientación política, debe ser ingenuo respecto de las dificultades por vencer.

La necesidad de exigir al poder que rinda cuentas sobre sus actos estará siempre amenazada por una larga tradición en la que la conservación y el acceso a los archivos públicos fueron ocultados a los ciudadanos recurriendo a la desidia, el uso de la fuerza o el engaño. No hay que retroceder mucho en la historia para encontrar ejemplos de las dificultades kafkianas que supone acordar una legislación para garantizar derechos como la libertad de expresión y de información, nada menos.

El primer intento de aprobar una ley de este tipo en nuestro país se remonta a 2001, cuando la Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto en el que participaron organizaciones no gubernamentales, periodistas y funcionarios. Esa iniciativa fue enviada al Congreso de la Nación por el presidente Eduardo Duhalde, en 2002, y se aprobó en Diputados en 2003. El Senado la trató un año después e introdujo un cambio, lo que provocó que volviera en revisión a la Cámara baja. Las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformara en ley y perdió estado parlamentario en 2006. En 2010, el Senado volvió a aprobar un proyecto, pero Diputados no lo convirtió en ley. 

El presidente Néstor Kirchner, a poco de asumir, en diciembre de 2003, firmó el decreto 1172 de acceso a la información pública, aplicable sólo al Poder Ejecutivo y las instituciones que dependen de él. Si bien hubo muchos pedidos, las respuestas oficiales no sólo fueron escasas y parciales, sino que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se brindó información. La Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó condenando al Estado en cinco fallos por no cumplir con ese decreto y exigió a varios organismos públicos transparentar y publicar la información requerida. Dado el contexto político del momento, ocultar información desde lo más alto del poder fue, en verdad, un acto de coherencia, la extensión de una manera de gobernar, sin conferencias de prensa, hostigamiento a los medios no adictos y miles de millones de pesos del Estado destinados a imponer un discurso único, irreductible.

Para evitar tentaciones absolutistas, Aristóteles, en su obra La Política, exalta la importancia que tiene para la democracia el marco de libertades en donde los ciudadanos no sólo juzgan las cuentas públicas y los negocios políticos, sino que se los convoca también a ser "jueces en todo". El propósito era enfatizar su participación como un principio fundamental de la democracia. Esa participación excedía el acto de votar, se convertía en el poder del pueblo y consolidaba el interés por la cosa pública. 

Pero no fue hasta el siglo XX cuando la promulgación de leyes de acceso y derecho a la información tomó verdadero impulso. Visto en perspectiva, llama la atención que hasta mediados de la década del ochenta sólo 10 naciones incluyeran en sus legislaciones el derecho al acceso de la información pública y gubernamental. El ejemplo de la democracia sueca, cuya primera legislación se remonta a 1766, identificada globalmente con niveles mínimos de corrupción y una economía sólida, ha servido como el texto fundacional de muchas de las 93 leyes de acceso a la información pública y gubernamental vigentes en el mundo.

En sus primeros cien días, el actual gobierno dio señales inequívocas de su decisión de sancionar una ley de acceso a la información que incluya el derecho de los ciudadanos a recibir explicación y justificación del ejercicio del poder. Al hablar ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri prometió poner en Internet, al alcance de los ciudadanos, todos los actos de gobierno. Es un primer paso para mejorar el control democrático y la rendición de cuentas a la sociedad. El secreto es rienda suelta para intereses ilegítimos, genera sospecha, debilita las instituciones, lleva apatía a la sociedad, es un instrumento para ocultar errores y envenena el diálogo de quienes piensan diferente pero saben que son parte de un mismo país. No se trata sólo de consensuar y sancionar una ley. El riesgo es perder el tren de la historia, otra vez.

 


por MDZ Radio

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