La clase política tiene en sus manos la chance de dar un gesto fuerte contra la corrupción

Hernán De GoñiDirector periodístico
Perfil: cronista.com/columnista/hdegoni

Con la media sanción del proyecto de ley que permitirá sancionar a empresas por actos de corrupción, la Argentina adquiere una herramienta legal que debería haber sumado hace tiempo, y que si no la tuvo antes es por el simple hecho de que quienes ejercieron la conducción del Estado nunca lo consideraron prioritario. La cantidad de causas judiciales en las que están involucrados ex funcionarios públicos que ejercieron el poder en los últimos 30 años, incluidos ex presidentes, ministros, gobernadores e intendentes, por convalidar tratos indebidos con el sector privado, hace innecesaria cualquier explicación rebuscada.

 

El Poder Judicial a veces estuvo a la altura de las circunstancias, pero otras no mostró la constancia necesaria para sentar precedentes que inhiban la repetición del delito. Por eso mientras decenas de causas se eternizan y solo rotan de juzgado, solo algunas llegan a juicio y obtienen sentencia.

 

La norma que votó el Congreso, denominada Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sigue los parámetros internacionales de la OCDE y establece que las empresas, fundaciones y asociaciones civiles puedan ser sancionadas por delitos de corrupción, una opción que hasta ahora la legislación local solo preveía para las personas físicas. Su aprobación conseguirá que la Argentina adopte un estándar internacional que tiene peso propio a la hora de tomar decisiones de inversión, y que no desentone con el resto de las naciones con las que comparte un ámbito institucional de relevancia, como ser el G20.

La ley ayudará al Gobierno a determinar las responsabilidades que tuvo la empresa Odebrecht en varias obras públicas cuestionadas, hecho que ya fue admitido por la compañía ante autoridades regulatorias de Brasil y Estados Unidos. Es difícil esperar que el proceso adquiera la magnitud que tuvo en el país vecino, pero sin duda hay mucha expectativa por su repercusión. Por lo pronto, el Ejecutivo cuenta con un elemento a favor: la constructora brasileña dejará el consorcio que hace el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, con lo cual la sanción que le corresponda a futuro no implicará una parálisis de los proyectos de infraestructura, un impacto que sí padeció Brasil y que profundizó el parate de su economía.

 

En este tema la Argentina tiene todo por hacer. El sistema de partidos políticos representado en el Congreso ahora deberá demostrar su voluntad de ser parte de la solución y no del problema.



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