Hacia una nación sin corrupción

La corrupción no es un fenómeno actual ni que alcance exclusivamente a nuestra bicentenaria nación; por el contrario, es una epidemia que se esparce por la aldea global y que atenta contra el desarrollo sostenido. Sin temor a equivocarnos, y en condiciones de asepsia política, habida cuenta que no hemos de expedirnos respecto de la corrupción de un gobierno en particular o la magnitud del espolio, no es difícil inferir que la apropiación ensanchada e ilegal de la cosa pública ha sido uno de los efectos deletéreos que ha postergado el crecimiento sostenido de la nación. De allí la necesidad de librar un combate sostenido contra este verdadero cáncer; debemos eliminar de nuestra sociedad horizontes artificiales y cobijar los valores, los sueños y los anhelos de aquellos próceres que pensaron austeramente nuestra nación.

 

El Santo Padre ha pontificado que las formas de corrupción que se necesitan perseguir con mayor severidad son aquellas que causan graves daños sociales, sea en materia económica y social, como, por ejemplo, los importantes fraudes contra la administración pública o el ejercicio desleal en las administraciones, sea en cualquier tipo de obstáculo que interfiere en el ejercicio de la Justicia con la intención de procurar la impunidad de los propios delitos o de terceros.

 

La práctica corrupta es delictiva y, a la vez, un elemento distorsivo de las relaciones económicas y sociales básicas; su pasaporte hacia la ilegalidad tiene como perno una suerte de alejamiento de la criminalidad convencional o callejera para hermanarse con los injustos del poder. Es difícil imaginar a la corrupción como superpuesta con los delitos callejeros, llevados a cabo por autores de obras toscas, con un entrenamiento primitivo y con mayor grado de exposición, detección o vulnerabilidad. La hediondez es prolífica, colorida y resulta imposible presentar una lista o enumerar, taxativamente, las formas que asume su protección por parte de algunos poderes públicos.

 

En su excelsa tesis doctoral sobre la criminalidad de cuello blanco, Julio Virgolini explica que la corrupción no es sólo la violación de la ley por parte de los funcionarios públicos en procura de ventajas, generalmente económicas, pero no limitadas a estas, para ellos o para los particulares con quienes contratan o quienes han sido contratados, o a la inversa. El empleo criminal de la ley no puede ser descrito sólo bajo los términos de su quebrantamiento. Su efecto principal es sobre todo distorsivo; es convertir a la ley en un recurso de acceso diferencial al bien común, pero ya este como bien privado.

 

El mismo jurista, en su obra La razón ausente, señala que acceso a la ley debe ser entendido como la posibilidad de disfrutar los derechos que proporciona la administración de la legalidad, pero bajo reglas o motivos ilegales: administrar la legalidad pero no ya con arreglo a la ley, aunque se realice por medio de esta, conduce a atribución de privilegios, menores cargas relativas, subsidios y otros beneficios innumerables que, en definitiva, se vierten a favor de unos pocos por lazos personales de colusión.

 

De lo expuesto se infiere que la corrupción, como medio alterador de las relaciones elementales, instala la calígine en el marco de la aplicación de la ley y altera el proceso de los negocios produciendo dos consecuencias deletéreas. Por una parte, quiebra el principio de igualdad, al verse ausente la aplicación indiferenciada de la ley, lo que genera un derecho de dos velocidades en el que los marginados no poseen la disponibilidad del marco normativo abstracto y general, a la vez que la corrupción produce una suerte de clientelismo, que transforma al necesitado en un parafrenero, en un vasallo del caudillo o el puntero local, quien le fía la comida a cambio del sufragio, puesto que el perfeccionamiento y hasta la imposición de los acuerdos venales traducen a quien decide llevar a cabo una actividad lucrativa lícita en rehén de las prácticas corruptas. Germina así una aceptación ulterior de ellas como forma de supervivencia e inserción en el sistema.

 

Lleva la razón Simonetti cuando expone que si la participación en el mercado se construye en función de una renta de privilegio que deriva de hacer negocios con el Estado u obteniendo ganancias a través de medidas que establecen privilegios o de la corrupción, carece de sentido preocuparse por producir riqueza a través de la innovación.

 

En el ensayo El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos, Stephen Holmes y Cass Sunstein explican que los derechos de los ciudadanos no son un don divino ni tampoco un fruto de la naturaleza. Los derechos y las protecciones legales tienen costos y son financiados con recursos públicos; afirmar que un derecho tiene costos es confesar que tenemos que renunciar a algo para adquirirlo o conservarlo. La renuncia o el sacrificio del particular, en aras de sostener la estructura estatal, no puede ni debe desembocar en que la cosa pública sea administrada por un grupo de bandoleros que priorice su avidez por la riqueza por encima de la satisfacción de necesidades sociales.

 

Ya explicaba Carlos Nino en su emblemático libro Un país al margen de la ley que la Argentina vive un estado general de corrupción donde el funcionario público concibe su puesto para maximizar sus utilidades. Incluso Hermann Heller, desde la teoría del Estado, ha precisado que sus actividades se llevan a cabo a favor o a expensas de una unidad patrimonial especial que está compuesta por el peculio de los administrados, pero que integran una masa no disponible ni imputable de manera directa, ni a estos ni al gobernante. La legitimidad engendra poder; el poder del Estado es tanto más firme cuanto mayor es el voluntario reconocimiento que se presta por quienes lo sostienen.

 

La transparencia en el manejo de la empresa pública ha adquirido un nivel medular: la corrupción detrae recursos que deben ser destinados, entre otros rubros, a la educación; y es justamente esta desinversión educativa la que tiende a esconder la tierra debajo de la alfombra. En los países donde no hay políticas destinadas a construir, financiar y dar apoyo a las escuelas, se va a generar, en el mediano y en el largo plazo, la imposibilidad de acceder al mercado laboral, lo que gesta, como diría José Ingenieros, una mediocridad que teme al digno y adora al lacayo.

 

Es cierto que existen convenciones internacionales y normas del derecho doméstico que sancionan los actos corruptos que, por sí solas, resultan insuficientes. Recordemos la homilía pronunciada por el cardenal Bergoglio en la Catedral de Buenos Aires, el 25 de mayo de 2003, al evocar la parábola del Buen Samaritano como ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo para reconstruir esta patria, que es eliminar la corrupción. No debemos llamarnos a engaño por intermedio de la impunidad del delito o del uso de las instituciones de la comunidad para el provecho personal o corporativo. Todos, desde nuestras responsabilidades, debemos ponernos la patria al hombro y unirnos para eliminar los focos de corrupción; no basta con la mera sanción de normas, puesto que las leyes no pueden dar hombría a la sombra, carácter al amorfo, dignidad al envilecido o intrepidez al manso.

 

Es necesario retomar la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la formación educativa sostenida, con el prisma de que sin educación se limita el acceso a los mercados. Un funcionario es un servidor social y no el integrante de una casta de origen divino o de un linaje sanguíneo superlativo que puede disponer, a su antojo, del peculio ajeno; el cuidado de la cosa pública como la propiedad de todos y la vigilia del manejo de los dineros públicos canalizados hacia un fin colectivo, y ajeno al desvío en favor de quien practica la corrupción, es la panoplia sobre la cual se han de superar las asignaturas pendientes.

 

Creemos que es hora de abrazar con entusiasmo la difícil Cruzada contra todo tipo de acto corrupto, público o privado, dar un combate sostenido en su contra evocando las sencillas, pero emotivas, palabras que escogiera Winston Churchill al dirigirse a la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940, cuando se cernía la tormenta: "No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor".

 

 

Julio C. Báez | 23 de agosto de 2017 | infobae.com

El autor es juez de Cámara por ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 4. Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales.



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